Desde el año 2017 en Argentina se debaten las normas de Reprocann y las de producción de nuestra autoridad competente en materia sanitaria (ANMAT). Lo cierto es, que en el mundo, los cannabinoides como THC y CBD han perdido precio dentro de los mercados y requieren especiales estrategias comerciales para la colocación del producto. Mientras tanto, los nuevos cannabinoides e investigaciones asociadas generan expectativas “marcando la cancha” de los productores primarios que preparan genéticas ricas en CBG, por ejemplo, y otros cannabinoides de los que tenemos menos conocimiento en los mercados actuales.
Pero hay algo cierto, la producción y comercialización de cannabis, tanto para el sector farmacéutico como de uso adulto, se afianza en el uso de los mismos estándares, con lo que actualmente las autoridades de diversas jurisdicciones europeas habilitan la venta de uso adulto de flores de cannabis. Estos estándares son internacionales, y permiten trazar los materiales, con rigor sanitario y con el propósito de cuidar la salud de consumidores (médicos y recreativos).
Pero la producción de cannabis con estándares supone grandes inversiones, a diferencia de la psilocibina, que aunque requiera estándares tiene un costo de producción comparado realmente bajo.
En cuanto a la coca y la adormidera, Argentina no ha ingresado con ningún cupo en la comunidad internacional, pero en provincias del NOA argentino, ya existen proyectos de producción de Coca para investigación.
Aquí me gustaría realizar un paréntesis, en nuestro país nuevas regulaciones provinciales admiten la comercialización de producciones realizadas por Sujetos legitimados por Reprocann, pero lejos de apuntar a estándares internacionales se inician creaciones de controles provinciales. Los materiales que no poseen control de la autoridad sanitaria nacional, no tienen tránsito interjurisdiccional, por lo que a futuro, esto podría generar grandes inconvenientes sanitarios y desvíos en los planes de negocios de estos productores regionales.
En tanto, sobran los dedos de una mano, para hablar de las empresas que se encuentran cumplimentando las leyes de producción de estupefacientes nacionales, y que obtienen tránsito interjurisdiccional y los estándares de ingreso a jurisdicciones extranjeras de alta barrera sanitaria.
Por lo que el panorama productivo de cannabis en las provincias, comienza a alejarse poco a poco de la perspectiva internacional y el derecho comparado, presentando dos escenarios futuros posibles: Una gran corrección regulatoria a nivel nacional que golpee a los productores autorizados en diversas provincias obligándolos a elevar sus controles y trazabilidades futuras, o un mercado sobreabastecido en diversas jurisdicciones que disminuya el precio de venta de producto y en plazo de cinco años muchas empresas no puedan adaptarse a los precios establecidos por el mercado dentro de la jurisdicción que se encuentran (sin poder salir de ella).
Hasta la fecha, ninguna empresa argentina productora de cannabis realizó exportaciones comerciales bajo las normas de nuestra autoridad sanitaria, y mucho menos a mercados rentables de alta barrera sanitaria como UE.
En cuanto al futuro, el principio de especialidad de los organismos públicos se encuentra tensionado con la vuelta de ARICCAME, autoridad de competencia de la 27.669 que reguló cáñamo con procesos de fiscalización contrario a la CUE firmada por Argentina, y aun no se pronunció respecto a Cannabis. ANMAT, INASE, SENASA y ADUANA, poseen competencia en la temática por ppio de especialidad administrativa, pero si Ariccame solicita competencia de cannabis, la relación jurídica de las regulaciones podría ser observada por acciones judiciales, suponiendo un altísimo costo para el Estado Argentino (me atrevo a decir, mayor al costo de acciones colectivas generadas con la primera ley 27.350).
Aun así, existen vías regulatorias para la producción con fines de comercialización de flores de cannabis, existen herramientas de investigación agronómica y clínica de psilocibina y leyes para regular sus proceso productivos, pero todavía la seriedad y el apego a la ley no conforma una característica del sector productivo, las razones pueden ser cientos, pero quizá la más relevante es la multiplicidad de leyes generadas sin criterio en los últimos 7 años, que parece haberse desarrollado con el interés de despistar a los capitales interesados en realizar labores serias.
2025, según diversas dependencias ministeriales traerá aparejado grandísimos cambios en materia regulatoria de cannabis, y cambios en las competencias administrativas actuales. Lo único seguro, como siempre, es que los cambios regulatorios son una característica innata del sector de producción primaria de estupefacientes, y que quien no logre adaptarse y evaluar posibles escenarios para su propio negocio, corre el riesgo de ser una más, de las cientos de empresas en todo el mundo en el sector de materias primas de cannabis que mueren por imposibilidades regulatorias.
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